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Requisitos de auditoría

La Ley 22/2015, de 20vde julio, de Auditoría de Cuentas es resultado de una continua evolución legislativa, entre las que hay que destacar las siguientes reformas:

  • La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que introdujo modificaciones sustanciales que afectaron a diversos aspectos.
  • La Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.

El objetivo de la norma es reforzar la confianza de los usuarios en la información económico-financiera mediante la mejora de la calidad de las auditorías de cuentas en el ámbito de la Unión Europea. En concreto, la nueva LAC pretende:

  • De un lado, hacer de la transparencia un aspecto fundamental en la figura del auditor y de su actuación. En este punto, es interesante destacar los nuevos requisitos de contenido del informe de auditoría, incrementándose en el caso de los emitidos en relación con las entidades de interés público. De este modo, recae sobre los profesionales que auditan este tipo de entidades la obligación, de un lado, de elaborar y remitir un informe adicional a la Comisión de Auditoria, que tenga por objeto recoger y reflejar los resultados del proceso; y de otro lado, de incorporar al informe anual de transparencia cierta información financiera concretada en la Directiva. Con este tipo de mecanismos, se persigue, además, reforzar las vías de comunicación entre los auditores y los supervisores de entidades de interés público y aumentar la independencia y objetividad de los auditores, mediante la incorporación de prescripciones y requisitos a la normativa española más restrictivos que los contenidos en la Directiva 2006/43/CE.
  • Dinamizar, abrir e integrar el mercado de auditoría a nivel comunitario, mediante el arbitrio de nuevas medidas, el denominado “pasaporte europeo”. Estas medidas vienen a acompañar las medidas que se incorporan en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, d e 16 de abril, relacionadas con los incentivos a la realización de auditorías conjuntas, la participación de entidades de menor tamaño en los procesos de licitación obligatoria, pública y periódica, que se regulan simplificando la elección del auditor, y la obligación de rotación externa.
  • Se incorporan medidas que persiguen aminorar los costes de transacción que conlleva la realización de actividades en el ámbito de la Unión Europea para las entidades pequeñas y medianas:

  La aplicación proporcionada a la complejidad y dimensión de la actividad del auditor o de la entidad auditada,

–  La facultad de que los Estados miembros simplifiquen determinados requisitos para pequeñas entidades auditoras; y

  Disposiciones específicas para pequeñas y medianas entidades auditoras.

  • Se persigue lograr un mayor grado de armonización en materia de vigilancia y disciplina, así como de los mecanismos de cooperación de la Unión Europea e internacional. Con este fin, se refuerzan las competencias de la autoridad supervisora pública, con especial hincapié en las facultades de imposición de normas disciplinarias de carácter mínimo, al mismo tiempo que se introduce el criterio de riesgo como principio rector en las revisiones de control de calidad que ha de realizar dicha autoridad. En relación con los auditores de entidades de interés público, dos son las principales novedades normativas:

  Incorporación de mecanismos que persiguen realizar un seguimiento pormenorizado respecto a la evolución del mercado.

  Establecimiento de un diálogo sectorial y anónimo entre auditores y la Junta Europea de Riesgo sistémico, dentro del proceso de vigilancia de riesgos que pudieran darse en las entidades financieras calificadas de importancia sistémica.

En lo que respecta a las novedades que presenta la nueva LAC respecto a la normativa anterior, son destacables:

  Contenido del informe de auditoría:

En cuanto al contenido del informe de auditoría, destacamos las siguientes novedades:

  • Inexistencia de Incorrecciones materiales: se ha de dar una explicación de que la auditoría se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude.
  • Prestación de otros servicios distintos a la actividad de Auditoría: se ha de incluir una declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de la auditoría de las cuentas anuales o concurrido situaciones o circunstancias que hayan afectado a la necesaria independencia del auditor o sociedad de auditoría.
  • Informe de gestión: además de la opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio se incluirá una opinión sobre si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que resulte de aplicación, y se indicarán, en su caso, las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a este respecto.

En aquellos casos en los que la sociedad auditada esté obligada a elaborar el Estado de información no financiera, la opinión del auditor, respecto de este punto, se limitará a informar de si ésta se ha incluido o no.

  • Causa justa de falta de emisión o renuncia: se precisa que, en todo caso, se considera que existe justa causa en aquellos supuestos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  Existencia de amenazas que comprometan la independencia , objetividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría.

  Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos.

  • Lenguaje claro y sin determinadas referencias: el informe de auditoría será redactado en lenguaje claro y sin ambigüedades.

  Sociedad de Auditoría Europea:

Se incorpora la posibilidad de que una sociedad de auditoría autorizada en otro Estado miembro pueda ejercer su actividad en España, siempre que quien firme en su nombre el informe esté autorizado en España.

  Obligación de abstención:

Se establece la obligación de abstenerse en el marco del proceso de toma de decisiones de la entidad, de cualquier persona, no solo el auditor, que pueda influir en la valoración final o resultado de auditoría.

  Medidas para garantizar la independencia:

Se introducen medidas dirigidas a evitar conflictos de interés o de relación comercial u otra clase, directas o indirectas, reales o potenciales, que puedan comprometer la independencia en la función auditora.

  Se incluye un requisito de ausencia de interés significativo directo:

Se establece el requisito de ausencia de interés significativo directo, así como la prohibición de ejecución de determinadas operaciones con instrumentos financieros de la entidad auditada tanto al auditor de cuentas o sociedad de auditoría, como a su personal o a aquellos que presten servicios en el ejercicio de la actividad auditora, así como a determinados parientes.

  Inclusión de sistemas de salvaguarda a la función auditora:

La necesidad de establecer los adecuados sistemas de salvaguarda para hacer frente a las amenazas que pudieran derivarse de conflictos de intereses o de alguna relación comercial, laboral, familiar o de otra índole.

  Se definen las situaciones que pueden afectar al deber de independencia:

La Directiva que se transpone establece que pueden afectar al deber de independencia:

  • La existencia de relaciones, situaciones o servicios entre la entidad auditada y el auditor o sociedad de auditoría,
  • Entre la entidad auditada y la red a la que pertenece el auditor o sociedad de auditoría4.

  Se incorporan los principios y políticas de Auditoría:

Estos principios y políticas de funcionamiento van dirigidos, como no puede ser de otro modo, a prevenir cualquier amenaza a la independencia y deben garantizar la calidad, integridad y carácter crítico y riguroso con que se realizan las auditorías.

  Se incluyen dos modalidades de control de la actividad auditora:

Con la nueva norma se precisa de forma más detallada el alcance y finalidad de la actividad de control de la actividad de auditoría de cuentas, especificándose sus dos modalidades:

  • Inspecciones (antiguo control de calidad externo), de carácter regular o periódico y de las que puede derivar la formulación de recomendaciones o requerimientos, con el análisis de riesgo como principio rector; e
  • Investigaciones (en las que se incardina el actual control técnico) con el objeto de detectar y corregir la ejecución inadecuada de un concreto trabajo de auditoría o actividad del auditor.

  Cooperación entre Organismos Internacionales:

Se extiende el deber de colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea a las autoridades europeas de supervisión. Dichos mecanismos se refuerzan mediante la posibilidad de transmitir información al Banco Central Europeo, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y a la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, así como con la posibilidad de crear colegios de supervisores en los que se pueda intercambiar información, en particular en relación con las actividades de auditores que operen en el marco de una red.

Finalmente, en relación con las entidades que deben ser objeto de auditoría, la Disposición Adicional Primera de la LAC, somete a auditoría obligatoria las cuentas anuales correspondientes a todas las sociedades y entidades, con independencia de su forma jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.
  2. Que emitan obligaciones en oferta pública.
  3. Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  4. Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
  5. Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.
  6. Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, los límites a los que se hace referencia en el párrafo anterior corresponden con los establecidos a efectos de la formulación de balance abreviado por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En concreto, el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital establece como límites para formular balance abreviado que:

  • Activo total no superior los 4.000.000€.
  • Cifra anual de negocios no superior los 8.000.000€.
  • Número medio de empleados durante el ejercicio no superior a 50.

Sin embargo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización modifica el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo un límite inferior, y por tanto, de aplicación previa, en virtud del cual las cuentas anuales deberán ser siempre revisadas por un auditor salvo que, en los dos ejercicios consecutivos anteriores a la fecha de cierre del balance, concurran al menos dos de las circunstancias que se detallan a continuación:

  • Activo total no superior a 2.850.000€.
  • Cifra de negocio anual no superior a los 5.700.000€.
  • Número medio de empleados durante el ejercicio no superior a 50.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.


4 En las normas de extensión se distingue entre la red auditora y la red no auditora, de forma que si las personas o entidades comprendidas en dicho ámbito incurren en cualesquiera de los supuestos de incompatibilidad contemplados en esta Ley y en otras disposiciones legales, harán igualmente incompatibles al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en relación con la respectiva entidad, si bien teniendo en cuenta las particularidades que se establecen en la Ley.