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Resolución de disputas

9.1. Procedimientos judiciales

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula la constitución, funcionamiento y gobierno de los jueces y tribunales en España. El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas, en los que los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, los Juzgados de lo Mercantil, los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados de lo Social, las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, tienen jurisdicción. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional (esta última solo en relación con materias concretas) tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional. El primero es la máxima autoridad judicial con la sola excepción de la garantía de los derechos constitucionales, cuya salvaguarda compete al Tribunal Constitucional.

La Ley 1/2000 es la Ley de Enjuiciamiento Civil y entró en vigor el 8 de enero de 2001. Los procedimientos penal, laboral y contencioso-administrativos se rigen, respectivamente, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y por la Ley 29/1998 de Procedimiento Contencioso-Administrativo.

Aunque el sistema procesal español debe considerarse como un sistema de derecho continental, algunos elementos de la Ley de Enjuiciamiento Civil son próximos al sistema anglosajón. Es el caso del predominio del procedimiento oral. La Ley de Enjuiciamiento Civil reduce los formalismos y promueve procedimientos más expeditivos así como una más rápida y eficiente respuesta de los jueces y tribunales.

España ha ratificado numerosos tratados bilaterales y multilaterales sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras.

9.2. Arbitraje

El arbitraje se perfila cada vez más como una alternativa real para la solución de conflictos comerciales. Las empresas, conscientes de la mayor rapidez, eficiencia y flexibilidad del arbitraje en comparación con las demandas ante los tribunales, están cada vez más dispuestas a recurrir al arbitraje. Además, la jurisprudencia española se muestra cada vez más favorable al arbitraje, tanto en lo que respecta al convenio arbitral como a la ejecución de los laudos arbitrales.

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (la “Ley de Arbitraje”) permite tanto a las personas físicas como a las empresas suscribir acuerdos para someter a uno o más árbitros las disputas que hayan surgido o puedan surgir en materias de libre disposición conforme a Derecho. La Ley de Arbitraje está inspirada casi en su totalidad en la Ley Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional. Asimismo, el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero regula el Sistema Arbitral del Consumo para aquellos conflictos que surjan entre consumidores y usuarios y empresarios en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.

La Ley de Arbitraje faculta a los árbitros para conceder medidas cautelares. Esta facultad no excluye la potestad que tienen los jueces de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil de dictar medidas cautelares estando pendiente un procedimiento arbitral. De este modo, la jurisdicción de los jueces y de los árbitros para dictar medidas cautelares es concurrente, permitiendo a las partes dirigir su solicitud de adopción de medidas cautelares indistintamente al juez competente o al tribunal arbitral.

De conformidad con la Ley de Arbitraje, la ejecución del laudo arbitral dictado en España es posible aun cuando se haya ejercitado la acción de anulación del mismo. En este caso, un Tribunal solo podrá suspender la ejecución del laudo arbitral cuando el ejecutado ofrezca caución por el valor de la condena contenida en el laudo más los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la demora en la ejecución del mismo.

Los motivos de denegación del reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales contenidos en la Ley de Arbitraje se basan en los contenidos en la Ley Modelo UNCITRAL, que a su vez está basada casi en su totalidad en el Convenio de Nueva York de 1958. España ha ratificado este Convenio y el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional firmado en Ginebra el 21 de abril de 1961.

La adhesión de España a un régimen arbitral inspirado en la Ley Modelo UNCITRAL hace que el arbitraje internacional en España sea más accesible a los abogados de distintas jurisdicciones y a sus clientes. La Ley de Arbitraje contribuye a hacer de España una sede ideal de arbitrajes internacionales, especialmente cuando involucran intereses latinoamericanos, gracias a su adecuada situación geográfica en el sur de Europa, sus costes competitivos en comparación con otras sedes europeas y sus lazos culturales e idiomáticos con Latinoamérica.