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Apertura de sucursal

En términos generales, los requisitos, trámites formales y costes relacionados con la apertura de una sucursal en España de una sociedad extranjera son muy similares a los de la constitución de una filial (como sociedad). Se resumen a continuación los pasos legales y los costes más importantes, destacando las diferencias principales respecto de la constitución de una filial.

6.1. Trámites legales y costes

La constitución de una sucursal, por regla general, se realiza en un plazo de entre 6 y 8 semanas (Cuadro 12).

Cuadro 12

TRÁMITES LEGALES Y COSTES

1.  Certificación negativa de denominación  Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.
2. Obtención del Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) y nombramiento de representante de la sociedad matriz ante Administración tributaria española  Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.

Nombramiento de una persona física o jurídica con residencia en España para que represente a la sociedad matriz ante la Administración tributaria española en relación con sus obligaciones por cualquier impuesto.

3. Acta de manifestaciones de titularidad real Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.
4. Otorgamiento de escritura pública de apertura de sucursal ante notario español Este trámite consiste en formalizar públicamente ante notario el acuerdo de apertura de la sucursal adoptado previamente por el órgano competente de la sociedad matriz extranjera.

El notario pedirá (I) documentación similar a la que se requiere en el caso de una filial (es decir, evidencia de la identidad de la persona que comparece ante él, poder para representar a la sociedad matriz, declaración del titular real, justificación del pago y del medio de aportación, si procede), (II) prueba suficiente (y, en su caso, traducida, legalizada y/o apostillada) de la existencia de la sociedad matriz, sus estatutos y los nombres y datos personales de sus administradores, (III) así como la resolución de constituir la sucursal, adoptada por el órgano competente de la sociedad matriz.

En la escritura podrá incluirse la declaración a posteriori de la inversión extranjera ante el Registro de Inversiones Extranjeras de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (“D.G.C.I.”) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En algunos casos, al igual que en las filiales, habrá que realizar declaración previa (Véase el apartado 8 del Capítulo 1).

5. Solicitud de inscripción en el Registro Mercantil Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.
6. Trámites censales Alta de la sucursal a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas:

Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.

Alta de la sucursal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad.

Pago de las tasas correspondientes a la tramitación de la licencia de apertura funcionamiento o declaración responsable, (y, en su caso, por la tramitación de la eventual autorización sectorial -autonómica/estatal- que pudiera requerir la actividad proyectada:

Sigue los mismos procedimientos que en el caso de una sociedad24.

Alta en la Seguridad Social: (Véase apartado 13 del Capítulo 5, para información más detallada).

6.2. Sucursal frente a filial

Se resumen a continuación las principales diferencias existentes y a tener en cuenta entre una sucursal y una filial desde el punto de vista legal y fiscal (Cuadro 13).

Cuadro 13

SUCURSAL FRENTE A FILIAL

SUCURSAL FILIAL
Capital mínimo: No requiere ninguna asignación mínima. S.A.: 60.000 €

S.L.: 3.000 €25

Personalidad jurídica: No (no tiene personalidad jurídica propia, sino que es la misma persona jurídica que la sociedad matriz). Sí.
Órgano de administración y gobierno Representante residente en España (quien actúa como apoderado de la sucursal en representación de la sociedad matriz a todos los efectos, y en particular a efectos fiscales26). Junta General y órgano de administración.
Responsabilidad accionistas/socios: No existe límite a la responsabilidad de la sociedad matriz. La responsabilidad de los accionistas/socios de una S.A. o S.L. respecto de las deudas de la filial está limitada al importe de sus aportaciones de capital (salvo las excepciones analizadas en el Anexo I, apartado 3).

Desde el punto de vista fiscal, tanto la sucursal como la filial tributan, en términos generales, por el Impuesto sobre Sociedades (la filial) o por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (la sucursal) al 25% de su beneficio neto (tipo aplicable para ejercicios iniciados en 2016 en adelante).

Cabe destacar los siguientes aspectos en relación con la tributación de las filiales y las sucursales y de las rentas pagadas o repatriadas por las mismas:

—  La repatriación de los beneficios de una sucursal a su principal o el reparto de dividendos de una filial a su sociedad matriz tributarán en España dependiendo de la residencia de la matriz o principal.

  • Si no residen en un Estado miembro de la UE y además no residen en un país con el cual exista un convenio para evitar la doble imposición suscrito con España, se gravarán en España a un tipo del 19% a partir de 2016.
  • Si residen en un Estado miembro de la UE, la repatriación / reparto estarán normalmente exentos de tributación. Si no pudiera aplicarse exención en el reparto de los dividendos, se aplicará el tipo reducido del correspondiente Convenio para evitar la doble imposición suscrito con España. Si no hay Convenio (lo que solo ocurre con Chipre) y además no aplica la exención, el tipo aplicable será el 19%.
  • Si residen en un país no perteneciente a la UE con el cual España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición, los dividendos tributarán al tipo reducido del convenio y la repatriación de los beneficios de la sucursal no tributará (según la mayoría de los convenios) en España.

  Una sucursal constituye un establecimiento permanente a efectos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Sin embargo, no solo existe un establecimiento permanente cuando hay una sucursal. Para identificar si estamos o no ante un establecimiento permanente, hay que ponderar, en primer lugar, la existencia o no de un convenio de doble imposición con el país de residencia del interesado:

a. Si existe convenio entre el país de residencia del contribuyente y España, ha de estarse a la definición de establecimiento permanente que se contenga en ese convenio. En general, los convenios actualmente vigentes se adaptan a la definición contenida en el artículo 5 del Modelo de Convenio de la OCDE, el cual define el concepto de establecimiento permanente por dos vías.

El primer tipo de establecimiento permanente es el lugar fijo de negocios. Se trata de un lugar mediante el que una empresa realiza toda o parte de su actividad. En general, existirá por tanto un lugar fijo de negocios si se cumplen los siguientes requisitos:

  utilización de una instalación, centro o emplazamiento desde el cual se desarrolla la actividad;

  fijeza o vinculación de las instalaciones a un lugar o espacio determinado, con cierto grado de permanencia temporal;

  necesidad de que la actividad sea productiva y contribuya al beneficio global de la empresa.

No será establecimiento permanente el lugar fijo de negocios desde el que se realicen determinadas actividades auxiliares o preparatorias, listadas en los propios convenios.

El segundo tipo de establecimiento permanente es el agente dependiente. Se trata de un agente, que actúe por cuenta de la entidad no residente y que tenga y ejercite poderes para vincularla, que no tenga estatus de agente independiente.

b. Si no existe convenio de doble imposición aplicable, ha de estarse a la delimitación que de establecimiento permanente contenida en la legislación interna española. En este sentido, el artículo 13.1.a del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes se adapta en gran medida al concepto de establecimiento permanente indicado, según el Modelo de Convenio de la OCDE.

  • La Dirección General de Tributos viene interpretando en diversas consultas que los Regímenes Especiales regulados en el Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades son de aplicación a los establecimientos permanentes localizados en España pertenecientes a entidades no residentes, entre otros, el régimen especial aplicable a las entidades de reducida dimensión (Para más información sobre los regímenes especiales véase el Capítulo 3).
  • Participación en los gastos generales de la matriz. En la práctica, suele ser más fácil que estos gastos imputados (en su caso) se consideren deducibles en el caso de una sucursal, que en el de una filial.
  • Los intereses de los préstamos concedidos por una matriz extranjera a su sucursal española no son, en principio, deducibles fiscalmente para la sucursal. En cambio, los intereses de préstamos concedidos por los accionistas de una filial normalmente son deducibles para la filial, siempre que la transacción sea valorada a precios de mercado y se cumplan ciertos requisitos, sometido a los límites para la deducibilidad establecidos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades. El límite general es del 30% del EBITDA de la filial, existiendo algunas prohibiciones a la deducibilidad, por ejemplo para casos en los que el endeudamiento se destine a la adquisición de participaciones en entidades a otras entidades del grupo –salvo que se haga por motivos económicos válidos-, o cuando los gastos financieros no generen un ingreso o generen un ingreso exento o que tribute por menos de un 10 % en el perceptor, con motivo de que ese ingreso no se califique como rendimiento financiero.

6.3. Cálculo del Impuesto sobre Sociedades español

Se detalla a continuación un ejemplo sencillo del cálculo del Impuesto sobre Sociedades español de una filial española y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes de una sucursal en España de una sociedad extranjera (Para más información sobre estos impuestos véase el Capítulo 3, apartado 2.1 sobre el Sistema Fiscal) (Cuadro 14).

Cuadro 14

CÁLCULO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

PROCEDIMIENTO PAÍS UE(1) MATRIZ RESIDENTE EN PAÍS CON CONVENIO MATRIZ RESIDENTE ENPAÍS SIN CONVENIO
Filial:
Beneficio filial española 100 100 100
I.S. español (25%)(2) 25 25 25
Dividendo 75 75 75
Retención  (4) 7,5(5) 14,25(3)
Impuesto total en España 25 32,5 39,25
Sucursal:
Beneficio sucursal española 100 100 100
I.S. español (25%)(2) 25 25 25
Beneficio repatriado 75 75 75
Retención (4) (6) 14,25(3)
Impuesto total en España 25 25 39,25
(1) España tiene firmados convenios para evitar la doble imposición con todos los países de la UE salvo Chipre.

(2) El tipo general en el Impuesto sobre Sociedades es el 25%.

(3) Retención del 19%.

(4) Exento, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

(5) El tipo de retención sobre dividendos utilizado es el 10% (el más común en los convenios).

(6) Se aplicaría el impuesto sobre la repatriación del beneficio de las sucursales si se previese en el correspondiente convenio (por ejemplo, EE.UU., Canadá y Brasil).

6.4. Oficinas de Representación

Además de mediante una sociedad mercantil o una sucursal, entre otras opciones, el inversor extranjero puede operar en España a través de una oficina de representación.

Ante la ausencia de regulación específica de esta figura, una definición de la misma puede encontrarse en los Convenios para evitar la Doble Imposición firmados por el Estado Español con terceros países: se entiende por oficina de representación aquel lugar fijo de negocios, establecido por una empresa no residente, que desarrolla funciones meramente publicitarias e informativas sobre cuestiones comerciales, financieras y económicas, sin llevar a cabo labores efectivas. Se regirán por convenios firmados con España o, en ausencia de convenios, por la legislación española y se considerará que la oficina de representación es un establecimiento permanente.

Esta forma de establecimiento en España permite obtener información de todo tipo que sirva de base para adoptar la decisión de invertir, sin tener que llevar a cabo demasiados trámites legales. De esta manera, constituyen el medio idóneo para realizar actividades de sondeo de mercado, estudiar el grado de competencia existente en el sector donde se proyecta realizar la inversión, realizar proyecciones financieras y previsión de beneficios derivados de dicha inversión o negociar la adquisición de empresas por la vía de compra de acciones o de activos y pasivos.

Entre sus rasgos más relevantes deben destacarse los siguientes:

  • La oficina de representación no tiene personalidad jurídica propia independiente de su casa matriz.
  • La sociedad no residente es responsable de las deudas contraídas por la oficina de representación en su totalidad.
  • No puede realizar operaciones comerciales por sí misma.
  • En general para su apertura no se requieren formalidades mercantiles, si bien a efectos principalmente fiscales, laborales y de seguridad social podría ser necesario el otorgamiento de una escritura pública (o documento otorgado ante Notario Público extranjero, debidamente legalizado con la Apostilla de la Haya o cualquier otro sistema de legalización que sea de aplicación) en la que se haga constar la apertura de la oficina de representación, la asignación de fondos, la identidad de su representante fiscal, persona física o jurídica residente en España, y sus facultades. La apertura de la oficina de representación no se inscribe en el Registro Mercantil.
  • No existen órganos formales de administración, sino que las actuaciones las lleva a cabo el representante de dicha oficina en virtud de las facultades que se le hayan conferido.

En cuanto a los aspectos laborales y fiscales principales de las oficinas de representación véanse los epígrafes correspondientes de los Capítulos 3 y 5.


24 Conforme a lo dispuesto en la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, los establecimientos permanentes destinados a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el Anexo de esta Ley con una superficie útil de exposición y venta de hasta 750 metros cuadrados no necesitarán, con carácter general, la obtención de una licencia previa de apertura y actividad, si no la presentación de una declaración responsable o comunicación previa. La puesta en marcha de un gran establecimiento comercial sin embargo exige con carácter previo de la obtención de una autorización por parte del órgano competente de la Administración autonómica.
25 Salvo en el supuesto de sociedad limitada de formación sucesiva. A tal efecto, por favor ver el apartado 4.2.4 del Anexo I.
26 Artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.