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Normativa sobre inversiones exteriores y control de cambios

La liberalización es la nota dominante en materias de control de cambios y de inversiones extranjeras.

Como regla general, un inversor extranjero puede invertir libremente en España sin necesidad de recabar ningún tipo de autorización o comunicación previa. Solo una vez que la inversión se ha realizado, el inversor deberá notificarla, en el plazo máximo de un mes, a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio con fines puramente administrativos, estadísticos o económicos.

El control de cambios y los movimientos de capital están totalmente liberalizados en España, existiendo en este campo completa libertad de acción en todas las áreas.

8.1 Legislación sobre inversiones extranjeras

El Real Decreto 664/1999 liberalizó prácticamente en su totalidad este tipo de operaciones (con las peculiaridades y excepciones que se comentan a continuación), adaptando la normativa interna española a las normas sobre libertad de movimientos de capitales contenidas en los artículos 56 y siguientes del Tratado de la Unión Europea.

Los aspectos más destacables de la regulación aplicable a las inversiones extranjeras son los siguientes:

  • Por regla general, y con fines puramente administrativos, estadísticos o económicos, las inversiones extranjeras quedan sometidas a un régimen de declaración a posteriori ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, una vez materializada la inversión17. Las únicas excepciones son las relativas a (I) las inversiones desde paraísos fiscales, que, en general, están sujetas además a declaración administrativa previa; y (II) las inversiones extranjeras en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional y las inversiones en inmuebles por parte de Estados no miembros de la Unión Europea para sus sedes diplomáticas, que están sujetas a autorización previa del Consejo de Ministros. Salvo norma expresa en sentido contrario, las inversiones extranjeras no deben formalizarse ante fedatario público español.
  • En cuanto al régimen de declaración en relación a operaciones de inversión o desinversión en valores negociables, la obligación de declaración no recae, con carácter general, sobre el inversor sino sobre aquellas empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades residentes que, en su caso, realicen alguna de las actividades propias de aquéllas y que actúen por cuenta y riesgo del inversor como titular interpuesto de dichos valores. Los inversores deberán declarar la inversión únicamente cuando se mantenga la cuenta de valores o el depósito de títulos en una entidad domiciliada en el extranjero, o éstos se encuentren bajo custodia del titular de la inversión; o cuando adquieran una participación a partir del 3% en sociedades cotizadas (siendo en este último caso necesario notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores).
  • Las inversiones extranjeras en los sectores del transporte aéreo, radio, materias primas, minerales de interés estratégico y derechos mineros, televisión, juego, telecomunicaciones, seguridad privada, fabricación, comercialización o distribución de armas y explosivos, y actividades relacionadas con la defensa nacional (esta última sometida además a un régimen de autorización) se ajustarán a los requisitos exigidos por los órganos competentes establecidos en la legislación sectorial específica, sin perjuicio de que les sean aplicables las normas generales una vez cumplidos dichos requisitos.

8.1.1 Inversiones extranjeras – Características

INVERSIONES EXTRANJERAS

Inversores18 Personas físicas no residentes (es decir, españoles o extranjeros domiciliados en el extranjero, o que tengan allí su residencia principal).
Personas jurídicas domiciliadas en el extranjero.
Entidades públicas de soberanía extranjera.
Inversiones reguladas19. Obligaciones
de declaración
La participación en sociedades españolas, incluidas su constitución y la suscripción y adquisición de acciones o asunción de participaciones sociales, así como cualquier negocio jurídico en virtud del cual se adquieran derechos políticos.
La constitución y ampliación de la dotación de sucursales.
La suscripción y adquisición de valores negociables representativos de empréstitos emitidos por residentes (obligaciones, bonos, pagarés).
La participación en fondos de inversión inscritos en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores20.
La adquisición por no residentes de bienes inmuebles sitos en España cuyo importe supere los 3.005.060 euros, o cuando la inversión proceda de paraísos fiscales, con independencia de su importe.
La constitución, formalización o participación en contratos de cuentas en participación, fundaciones, agrupaciones de interés económico, cooperativas y comunidades de bienes, con las mismas características del punto anterior.
Sujetos obligados El inversor.
El fedatario público español que, en su caso, hubiese intervenido en la operación.
Excepcionalmente, cuando la inversión se materialice en ciertos bienes (valores, fondos de inversión, acciones nominativas), la obligación de declaración puede recaer en otros sujetos que intervengan en la operación (entidades de crédito, financieras, depositarias o gestoras de dichos bienes, la sociedad española objeto de inversión).
Régimen de declaración Como regla general, todas las inversiones exteriores sujetas a declaración y su liquidación deben declararse a posteriori al Registro de Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Las inversiones procedentes de paraísos fiscales deben declararse antes y después de la inversión. No obstante, se exceptuará de la declaración previa en los siguientes casos:

  • Las inversiones en valores negociables emitidos u ofertados públicamente, ya sean negociados en un mercado secundario oficial o no, así como las participaciones en fondos de inversión inscritos en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Los casos en que la participación extranjera no supere el 50% del capital de la sociedad española destinataria de la inversión.
  • Las adquisiciones de inversiones extranjeras en España como consecuencia de transmisiones lucrativas inter vivos o mortis causa.

Esta declaración previa no equivale a una verificación o autorización previa, y el inversor, una vez hecha la declaración, puede efectuar su inversión sin esperar notificación alguna de la Administración. En todo caso, la declaración tiene una validez de seis meses por lo que una vez notificada, la inversión deberá realizarse dentro de dicho plazo.

8.1.2 Seguimiento de las inversiones exteriores

La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (DGCI)21 podrá requerir de modo general o particular a las sociedades españolas que tengan participación extranjera y a las sucursales en España de personas no residentes, para que presenten ante dicha Dirección General una memoria anual relativa al desarrollo de la inversión exterior. Dicha Dirección General podrá igualmente requerir a los titulares de inversiones para que aporten la información que en cada caso resulte necesaria.

8.1.3 Suspensión del régimen de liberalización

El Consejo de Ministros puede suspender la aplicación del régimen de liberalización en determinados casos, lo que requerirá que las inversiones afectadas se sometan al trámite de autorización administrativa previa del Consejo de Ministros.

En la actualidad, solo se ha suspendido el régimen de liberalización respecto de las inversiones extranjeras en España en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que se destinen a la producción o comercio de armas, municiones, explosivos y material de guerra (salvo en el caso de sociedades cotizadas en Bolsa que se dediquen a dichas actividades, en que solamente requerirán autorización las adquisiciones por no residentes que alcancen, superen o se reduzcan por debajo de determinados umbrales de participación, empezando a partir del 3% del capital social, o las que, sin alcanzar dicho porcentaje, permitan al inversor formar parte directa o indirectamente de su órgano de administración).

8.2 Normativa sobre control de cambios

El control de cambios y los movimientos de capital son materias también absolutamente liberalizadas donde rige el principio de libertad de acción.

La regulación básica sobre control de cambios está contenida en la Ley 19/2003, sobre Movimientos de Capitales y Transacciones Exteriores y sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y en el Real Decreto 1816/1991 sobre Transacciones Económicas con el Exterior, que mantienen el principio de liberalización de los movimientos de capital.

8.2.1 Las características principales de las disposiciones sobre control de cambios actualmente vigentes pueden resumirse del modo siguiente:

»  Libertad de acción

Por regla general, todos los actos, negocios, transacciones y operaciones entre residentes y no residentes que impliquen o puedan implicar pagos al exterior o cobros del exterior, están completamente liberalizados, incluyendo los pagos o cobros (directos o por compensación), las transferencias de o al exterior y las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior. También se incluye la importación y exportación de medios de pago.

»  Cláusulas de salvaguardia y medidas excepcionales

Las normas comunitarias podrán prohibir o limitar la realización de ciertas transacciones, así como los correspondientes cobros, pagos, transferencias bancarias o variaciones en cuentas o posiciones financieras, respecto de terceros países.

El Gobierno español también podrá imponer prohibiciones o limitaciones, respecto a un Estado o un grupo de ellos, un territorio o un centro extraterritorial, o suspender el régimen de liberalización para ciertos actos, negocios, transacciones u operaciones. No obstante, debe señalarse que la aplicación de las citadas prohibiciones y limitaciones está prevista únicamente para supuestos de especial gravedad.

»  Tipos de cuentas bancarias

Las personas físicas y jurídicas no residentes pueden mantener cuentas bancarias en las mismas condiciones que las residentes. El único requisito que se les exige al abrir una cuenta bancaria es la acreditación de la condición de no residente del titular de la misma. Además, esa condición debe ser confirmada al banco cada dos años. La legislación también estipula otras formalidades de carácter menor.

Por otra parte, los residentes pueden, sujetos a ciertos requisitos de declaración, abrir y mantener libremente cuentas bancarias en el extranjero denominadas en euros o en moneda extranjera (cuya apertura debe ser declarada al Banco de España) y cuentas bancarias denominadas en divisas y abiertas en España en entidades registradas (sin que exista ningún requisito de información sobre las mismas).

»  Residencia a efectos de control de cambios

Se considera que las personas físicas son residentes en España, a efectos de control de cambios, si residen habitualmente en España. Las personas jurídicas con domicilio social en España y los establecimientos y sucursales en territorio español de personas físicas o jurídicas residentes en el extranjero se consideran también residentes en España a efectos de control de cambios.

Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero, las personas jurídicas con domicilio social en el extranjero y los establecimientos permanentes y sucursales en el extranjero de personas físicas o jurídicas residentes en España, son consideradas no residentes a efectos de control de cambios.

Por residencia habitual se entiende lo establecido en la normativa fiscal aunque con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan (actualmente dicha regulación se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario).

8.3 Declaración de transacciones con el exterior ante el Banco de España 

Con fines puramente estadísticos e informativos, la Circular 4/2012 del Banco de España establece que las personas físicas y jurídicas (públicas o privadas) residentes en España, distintas de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, que realicen transacciones con no residentes o mantengan activos o pasivos frente al exterior deberán declararlos al Banco de España22.

La periodicidad de las comunicaciones dependerá del volumen de las transacciones realizadas por los sujetos obligados durante el año inmediatamente anterior, así como de los saldos de activos y pasivos de dichos sujetos obligados el 31 de diciembre del año anterior, así:

  • Si los importes de las transacciones durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior, resultan iguales o superiores a 300 millones de euros, la información deberá remitirse con periodicidad mensual, dentro de los 20 días siguientes al fin de cada mes natural.
  • Si los importes de las transacciones durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior, resultan iguales o superiores a 100 millones de euros e inferiores a 300 millones de euros, la información deberá remitirse con periodicidad trimestral, dentro de los 20 días siguientes al fin de cada trimestre natural.
  • Si los importes de las transacciones durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior, resultan inferiores a 100 millones de euros, la información deberá remitirse con periodicidad anual, no más tarde del 20 de enero del año siguiente.
  • Cuando los importes antes referidos no superen el millón de euros la declaración solo se enviará al Banco de España a requerimiento expreso de éste y en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de solicitud.

No obstante, aquellos residentes que, no habiendo alcanzado los umbrales de declaración antes expuestos, los superaran a lo largo del año corriente quedarán obligados a presentar las declaraciones con la periodicidad que corresponda, a partir del momento en el que dichos límites se excedan.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando ni el importe de los saldos ni el de las transacciones superen los 50 millones de euros, las declaraciones podrán efectuarse de forma resumida, conteniendo exclusivamente los saldos inicial y final de activos y de pasivos exteriores, la suma total de las operaciones de cobro y la suma total de las operaciones de pago del período declarado.

8.4 Importación y exportación de ciertos medios de pago y movimientos por territorio nacional

La salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera está sujeta a declaración administrativa previa. En caso de que no sea realizada dicha declaración, los funcionarios de la aduana española podrán requisar esos medios de pago.

Asimismo, los movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera deben ser objeto también de declaración previa.

A los efectos anteriores se entenderá por «movimiento» cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del tenedor de los medios de pago.

Se entenderá por «medios de pago» el papel moneda y la moneda metálica (nacionales o extranjeros); los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda, así como cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. A los solos efectos de la salida o entrada en territorio nacional, se entenderán también por «medios de pago» los efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques de viajes, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los instrumentos incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.


17   El contenido e instrucciones de cumplimentación de cada modelo de declaración pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/declaracion-inversiones-exteriores/Paginas/declaracion-inversiones-exteriores.aspx Los formularios se obtienen, se cumplimentan y se presentan por vía telemática utilizando para ello el programa de ayuda denominado AFORIX, disponible para descarga en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Comercio (en la dirección https://sede.comercio.gob.es, accediendo en la opción de “Procedimientos y servicios electrónicos->Descarga de programas de ayuda->AFORIX Programa para la cumplimentación de Formularios de Inversiones Exteriores). Para la presentación telemática es necesario que el declarante disponga de firma electrónica. Excepcionalmente en el caso de que el titular de la inversión sea una persona física, ésta podrá utilizar además de los modelos obtenidos a través de AFORIX, los preimpresos disponibles en el Registro General del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pudiendo optar por la presentación telemática o por la presentación en papel.

18   No se considera como sujeto inversor a una sociedad española que esté participada mayoritariamente por capital extranjero. El cambio de domicilio social de personas jurídicas o el traslado de residencia de personas físicas determinarán el cambio en la calificación de una inversión como española en el exterior o extranjera en España.

19   Las inversiones extranjeras no incluidas en la relación (como por ejemplo los préstamos participativos) están totalmente liberalizadas, sin que sea necesaria ninguna comunicación al respecto. Ello sin perjuicio de la normativa sectorial que pudiera serles de aplicación y de lo dispuesto en las normas relativas a control de cambios que de dichas inversiones se deriven.

20  http://www.cnmv.es/portal/Menu/Registros-Oficiales.aspx

21   www.comercio.gob.es/

22  Sin perjuicio de que los sujetos obligados a las obligaciones de información ante Banco de España aquí detalladas son las personas físicas y jurídicas residentes en España, hemos considerado de interés incluir este apartado, dado que lo que originan dichas obligaciones de información son precisamente transacciones con no residentes y/o activos y pasivos que se mantengan en el exterior o que la entidad no residente mantenga en España (es decir, serán objeto de declaración tanto los inmuebles que una sociedad española mantenga en el extranjero como los inmuebles que una entidad no residente mantenga en España).