ESPAÑA: UN PERFIL ATRACTIVO

España ocupa un lugar destacado a nivel mundial en cuanto a la importancia de su economía: 14ª economía mundial, en términos de tamaño del PIB, 13º país más atractivo para la inversión extranjera directa (IED), 14º emisor de IED y 11º exportador de servicios comerciales.

Asimismo, España es una moderna economía basada en el conocimiento, donde los servicios representan casi el 75% de la actividad empresarial, siendo un centro internacional de innovación favorecido por la existencia de una población joven, altamente cualificada, con carácter proactivo, y que ofrece unos costes competitivos en el marco de la Europa Occidental, especialmente en el caso de los titulados superiores.

Específicamente, nuestro país ha hecho un gran esfuerzo para dotarse de las infraestructuras más avanzadas, capaces de facilitar el crecimiento futuro de la economía española. Además, ello ha ido acompañado de una importante apuesta por la I+D.

Para el inversor extranjero, España ofrece interesantes oportunidades de negocio en sectores estratégicos con alto valor añadido, como las TIC, energías renovables, biotecnología, medio ambiente, aeroespacial y automoción, debido a su atractivo entorno competitivo.

Además, las empresas que se instalen en España no sólo pueden tener acceso al mercado nacional, un mercado muy atractivo por su tamaño (más de 46 millones de consumidores) y por su alto poder adquisitivo, sino que también pueden acceder a los mercados de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y Norte de África) y a Latinoamérica, dada su privilegiada posición geoestratégica, su prestigio y la fuerte presencia de las empresas españolas en estas regiones.

En este capítulo se describen los principales rasgos de nuestro país: demografía, estructura política y territorial, su economía y sector exterior.

1. Introducción

España es una de las economías más importantes del mundo, la 14ª en tamaño, y su atractivo queda patente en su capacidad de atracción de inversión extranjera (en el puesto 13 de acuerdo con ese parámetro) 1. El atractivo de España para la inversión no sólo radica en su mercado interior, sino también en la posibilidad de operar con terceros mercados desde nuestro país. Y ello es así porque España ostenta una privilegiada posición geoestratégica dentro de la Unión Europea, que facilita el acceso a un mercado de cerca de 1.950 millones de clientes potenciales en toda la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Además, y gracias a nuestros fuertes lazos económicos, históricos y culturales, España resulta una óptima plataforma para desarrollar negocios con Latinoamérica.

Asimismo, España es una moderna economía basada en el conocimiento, donde los servicios representan un 74,26% 2 de la actividad económica. Es un centro de innovación favorecido por la existencia de una población joven altamente cualificada y con costes competitivos en el marco de Europa Occidental.

En este capítulo se describen brevemente los rasgos principales de nuestro país: su población, estructura política y territorial y su economía.

2. El país, su población y su calidad de vida

2.1. Geografía, clima y condiciones de vida

El Reino de España ocupa un área de 505.970 kilómetros cuadrados en el sudoeste de Europa, siendo el segundo país de mayor tamaño de la Unión Europea. El territorio de España abarca la mayor parte de la Península Ibérica, que comparte con Portugal; el territorio español incluye asimismo las Islas Baleares en el Mediterráneo, las Islas Canarias en el Océano Atlántico, las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla y diversas pequeñas islas e islotes.

A pesar de las diferencias entre las distintas regiones, España tiene un clima típicamente mediterráneo. El clima en la región costera del norte, situada en la costa atlántica y en el golfo de Vizcaya, se caracteriza por ser suave y lluvioso durante todo el año, con temperaturas no demasiado bajas en invierno ni demasiado altas en verano. El clima en la costa mediterránea, incluyendo las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, es suave en invierno y seco y caluroso en verano. Los mayores contrastes se producen en el interior de la península, donde el clima es seco, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las Islas Canarias tienen su propio clima, con temperaturas constantes durante todo el año de aproximadamente 20 grados centígrados, y muy pocas variaciones de temperatura entre estaciones y entre el día y la noche.

España disfruta de una gran calidad de vida y es un país muy abierto a los extranjeros. Cuenta con casi 8.000 kilómetros de costa, abundantes posibilidades para practicar deportes y una gran variedad de acontecimientos sociales, presidido todo ello por la diversidad de herencias culturales y el cruce de civilizaciones (celtas, romanos, árabes, judíos, visigodos, etc.).

2.2. Población y recursos humanos

La población de España en 2016 era de casi 46,6 millones de personas, con una densidad de más de 92 habitantes por kilómetro cuadrado.

La población española es eminentemente urbana (Cuadro 1), tal y como demuestra el hecho de que un 32% de la población reside en capitales de provincia.

Cuadro 1
PRINCIPALES CIUDADES DE ESPAÑA*

 POBLACIÓN

Madrid

3.165.541

Barcelona

1.608.746

Valencia

790.201

Sevilla

690.566

Zaragoza

661.108

Málaga

569.009

Murcia

441.003

Mallorca

402.949

Las Palmas de Gran Canaria

378.998

Bilbao

345.122

* Las cifras se refieren únicamente a los distritos municipales de cada ciudad. Fuente: Población registrada en capitales de provincia españolas el 1 de enero de 2016. Instituto Nacional de Estadística / Boletín Oficial del Estado.

El español es la lengua oficial del Estado. Hay otras lenguas españolas que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La educación es obligatoria hasta los 16 años, siendo el inglés la lengua extranjera más estudiada en colegios e institutos.

España cuenta con una población activa de 22,7 millones de personas según la Encuesta de Población Activa publicada en el cuarto trimestre del 2016. En comparación con otros países de la OCDE, la población española es relativamente joven: un 16% de la población es menor de 16 años; el 65% se encuentra entre 16 y 64 años y sólo el 19% es mayor de 65, de acuerdo con las cifras para el año 2016. Por otra parte, como se puede apreciar en el Cuadro 2, cabe destacar el carácter plural, multicultural y multirracial de la población española.

Cuadro 2
EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA POR CONTINENTES DE ORIGEN

 201420152016*

Europa

2.560.408

2.654.473

2.707.026

América

947.361

904.335

883.703

Asia

382.590

392.161

401.517

África

1.031.612

1.027.944

1.021.734

Oceanía

2.012

2.073

2.170

Desconocida

1.106

1.197

1.256

TOTAL

4.925.089

4.982.183

5.017.406


* Datos a 30 de junio de 2016. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 3.

A este respecto cabe hacer un especial hincapié en la aportación y buena integración de los distintos colectivos así como en la ausencia de conflictos culturales.

La estructura de la población activa por sectores económicos cambió en España hace años de manera significativa, destacando el aumento de población activa en el sector servicios y el descenso en el número de personas empleadas en la agricultura e industria. Hoy en día el sector servicios es con diferencia el mayor empleador en España. (Gráfico 1 y Cuadro 3).

La población activa está muy cualificada y es capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos.

Por último, de acuerdo con el compromiso adoptado en el seno de la Unión Europea para promover el empleo, el Gobierno español ha llevado a cabo en los últimos tiempos importantes reformas del mercado laboral, introduciendo un mayor grado de flexibilidad en el empleo.

Al igual que otros países de nuestro entorno, y como consecuencia de la reciente crisis económica mundial y la evolución de la economía desde sectores intensivos en mano de obra a sectores de elevado aporte tecnológico, España también vio aumentada su tasa de desempleo. Para superar definitivamente las consecuencias de esta crisis económica, España emprendió un ambicioso programa de reformas estructurales para impulsar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

En este contexto, el Gobierno español, de acuerdo con los compromisos contraídos en el seno de la Unión Europea para promover el empleo, ha llevado a cabo en los últimos tiempos importantes reformas del mercado de trabajo, que se encuentran en la línea de las tendencias observadas en los países de nuestro entorno y de las propuestas realizadas por diferentes agentes económicos e instituciones y prescriptores económicos internacionales, y tienen como objetivo introducir un mayor grado de flexibilidad en el empleo, reducir la dualidad del mercado de trabajo y facilitar la empleabilidad de los trabajadores.

Asimismo, se han introducido procedimientos para facilitar la entrada, residencia y permanencia en España, por razones de interés general, a aquellos extranjeros que vayan a invertir y crear empleo en España o que cuenten con una alta cualificación profesional.

Cráfico 1
POBLACIÓN ACTIVA DISTRIBUIDA POR SECTORES ECONÓMICOS, 2016

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Cuadro 3
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA DISTRIBUIDA POR  SECTORES ECONÓMICOS (Porcentajes)

 201420152016

Agricultura

4,1

4,3

4,4

Industria

13,9

13,6

14,0

Construcción

5,9

5,9

5,8

Servicios

76,1

76,2

75,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2016

2.3. Instituciones políticas

España es una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado 4, y su principal cometido es arbitrar y moderar el correcto funcionamiento de las instituciones de acuerdo con la Constitución. Asimismo, ratifica los nombramientos de los cargos más representativos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 5.

La Constitución de 1978 establece los derechos fundamentales y las libertades públicas y asigna el poder legislativo a las Cortes Generales (Parlamento) 6, el poder ejecutivo al Gobierno de la nación y el poder judicial a los jueces y magistrados.

La función legislativa está confiada a las Cortes Generales, que comprenden el Congreso de los Diputados (Cámara Baja) y el Senado (Cámara Alta); los miembros de ambas cámaras se eligen cada cuatro años mediante sufragio universal.

Las Cortes Generales ejercen el poder legislativo, aprueban los presupuestos generales del Estado, controlan la actividad del Gobierno y ratifican los tratados internacionales

El máximo dirigente del Gobierno 7, es el Presidente del Gobierno, elegido por las Cortes Generales, quien, a su vez, es el encargado de elegir a los miembros del Consejo de Ministros. Los miembros del Gobierno son nombrados y cesados por el Presidente a su discreción.

España está organizada en 17 Comunidades Autónomas, cada una integrada por una o más provincias, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África; el número total de provincias es de 50.

Cada Comunidad Autónoma ejerce las competencias que le atribuye la Constitución y que se especifican en los Estatutos de Autonomía. Estos Estatutos contienen además la regulación institucional de la Comunidad que consiste habitualmente en: una Asamblea legislativa elegida por sufragio universal que promulga la legislación aplicable en la Comunidad; un Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, dirigido por un Presidente elegido por la Asamblea que es el representante máximo de la Comunidad y un Tribunal Superior de Justicia que ostenta el poder judicial en el territorio de la Comunidad. Existe además en cada Comunidad un Delegado del Gobierno nombrado por el Gobierno Central, que dirige localmente la Administración Estatal y la coordina con la de la Comunidad.

Las Comunidades son financieramente autónomas, recibiendo además asignaciones de los presupuestos generales del Estado.

Como resultado de la estructura descrita anteriormente, España se ha convertido en uno de los países más descentralizados de Europa.

3. España y la Unión Europea

España accedió como miembro de pleno derecho a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. Desde entonces, y de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea, España cumple con los objetivos establecidos por el Consejo Europeo.

La incorporación a la Unión Europea trajo para España, así como para los demás Estados Miembros, un trascendental cambio desde mediados de los años noventa con la creación del Mercado Único Europeo y del Área Económica Europea, artífices de un espacio comercial sin fronteras.

Desde entonces, la Unión Europea ha avanzado notablemente en el proceso de unificación mediante el fortalecimiento de los lazos políticos y sociales entre sus ciudadanos; España, a lo largo de este proceso, se ha caracterizado por ser uno de los países líderes en la implantación de medidas de liberalización.

Desde el día 1 de julio de 2013, con la incorporación de Croacia, la Unión Europea cuenta con un total de 28 Estados Miembros 8.

Con el objetivo de aumentar la democracia, la eficacia y la transparencia de la UE, y, con ello, su capacidad para enfrentarse a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible, el 13 de diciembre de 2007 los entonces 27 Estados Miembros de la UE firmaron el Tratado de Lisboa cuya entrada en vigor —previa ratificación por parte de cada uno de los 27 Estados Miembros— tuvo lugar el 1 de diciembre de 2009. Previamente, entre el 4 y el 7 de junio se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo 9.

España ha adquirido una importante responsabilidad en la Unión Europea, tal y como evidencia el hecho de que sea, junto con Polonia, el quinto país en términos de poder de votación en el Consejo de Ministros. En 2010, España asumió la Presidencia del Consejo por cuarta vez y para el periodo comprendido entre enero y junio de aquel año.

La introducción de euro (1 de enero de 2002), marcó el principio de la tercera Presidencia Española del Consejo Europeo, representando la culminación de un largo proceso y el nacimiento de toda una serie de oportunidades de crecimiento para los mercados español y europeo. Desde el 1 de enero de 2015, con la incorporación de Lituania, la Zona Euro cuenta con la participación de diecinueve Estados Miembros.

Con el euro se ha establecido una zona monetaria única en la Unión Europea que conforma el mayor ámbito comercial del mundo, provocando la integración de los mercados financieros y de las políticas económicas de los Estados Miembros pertenecientes a dicha Zona, potenciando la coordinación de los sistemas fiscales de los Estados Miembros y aumentando la estabilidad de la Unión Europea.

Asimismo, la adopción de una moneda única europea, ha producido resultados claros a nivel internacional, promoviendo la Zona Euro tanto en los foros internacionales como en los financieros (las reuniones del grupo G-7) y en las organizaciones multilaterales. La estabilidad económica y comercial que proporciona el euro ha venido reforzando el crecimiento económico español, junto con su proyección política internacional. Además, se están poniendo en marcha medidas para fortalecer la economía europea, por ejemplo, para consolidar la coordinación de la política económica en la Unión Económica y Monetaria se crea el Pacto por el Euro Plus, así como un plan de gasto plurianual de la UE (2014-2020) para estimular el crecimiento. De este modo, España mantiene su compromiso a favor de las reformas estructurales al hilo de la Estrategia Europa 2020 y el Pacto por el Crecimiento y el Empleo que permitirán relanzar el crecimiento económico, la inversión y el empleo, sobre la base de una Unión Europea más competitiva.

España se ha beneficiado tradicionalmente de los recursos comunitarios procedentes de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. En este sentido, España es el tercer país que más ayudas recibe de los Fondos Estructurales así como del Fondo de Cohesión. Se estima que en el horizonte 2014-2020, la financiación europea, a través de los fondos FEDER y de la financiación para las Redes Transeuropeas de Transporte (a través del fondo CEF “Connecting Europe Facility”), supondrá una aportación positiva para determinadas regiones y ejes prioritarios por un importe estimado de 2.500 millones de euros.

Estimular y apoyar la investigación y desarrollo tecnológico son funciones atribuidas a las instituciones europeas. Horizonte 2020 es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea previsto para 2014-2020 (dotado de un presupuesto de 76.880 millones de euros) que contribuirá directamente a abordar los principales retos sociales enunciados en Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas. Ayudará igualmente a crear liderazgo industrial en Europa y reforzará también la excelencia de la base científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo.

A este respecto, la Ley de Ciencia de 2011, en coherencia con la Estrategia Europa 2020, aportó medidas al marco actual existente (desarrollo autonómico, creciente dimensión europea, salto cuantitativo y cualitativo en los recursos públicos, consolidación de una comunidad científica y técnica profesionalizada, competitiva y abierta al mundo y transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación).

Asimismo, la promoción y el fomento de la excelencia y el fortalecimiento de las instituciones de investigación científica constituye uno de los ejes centrales de la actuación y definición de la política científica de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y así queda reflejado en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 2013-2016.

El Plan Estatal tiene una clara orientación internacional en su estructura y en la estrecha alineación con los objetivos en materia de I+D+i establecidos en Horizonte 2020.

Por último, a finales de 2015 el Gobierno aprobó la creación de la Agencia Estatal de Investigación con el objetivo de dotar al sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación de una gestión más flexible, ágil y autónoma. Este nuevo organismo, responsable de la financiación, evaluación y asignación de fondos para la I+D, actúa en coordinación con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el otro gran agente financiador de la I+D+i, en su caso destinado especialmente al mundo empresarial.

4. Infraestructuras

El Gobierno pretende continuar en el futuro con su programa de intensas inversiones en esta área.

En este sentido, fue aprobado el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) que, basado en el examen de la situación y en una valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad, establece las prioridades y programas de actuación con el horizonte de 2024.

Entre los objetivos del citado plan cabe destacar (i) la mejora de la eficiencia y competitividad del sistema global del transporte optimizando la utilización de las capacidades existentes, (ii) la contribución a un desarrollo económico equilibrado, (iii) la promoción de la movilidad sostenible, compatibilizando sus efectos económicos y sociales con el respeto al medio ambiente, (iv) el refuerzo de la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del sistema de transportes y (v) la mejora en la integración funcional del sistema de transportes en su conjunto mediante un enfoque intermodal.

La red de autovías y autopistas, de 17.021 kilómetros, ha experimentado una continua renovación para aumentar su eficacia, siendo en la actualidad uno de los países de Europa con mayor longitud de este tipo de vías. Entre los objetivos del citado Plan se encuentra mejorar si cabe esta red viaria y ampliar el número de vías de gran capacidad mediante la inversión de 36.439 millones de euros.

Por último, en materia de infraestructura de carreteras, España ocupa el puesto 10 duodécimo a nivel mundial.

Por lo que se refiere al transporte por ferrocarril (donde España dispone de una red de 20.861 kilómetros), las líneas de tren de alta velocidad se han convertido en una prioridad.

En la actualidad, Madrid está conectada mediante tren de alta velocidad con 29 ciudades de España, tras las inauguraciones en el año 2015 de los tramos que han llevado la alta velocidad hasta Zamora, Palencia y León. Asimismo, en el año 2015 se inauguró el último tramo del “Eje Atlántico”, lo que ha permitido conectar Galicia de norte a sur. Por otro lado, la conexión Barcelona-Paris ha permitido unir mediante la alta velocidad ferroviaria las capitales de España y Francia, añadiéndose en un futuro próximo la conexión con la frontera francesa vía Vitoria e Irún (País Vasco).

En los últimos años España se ha convertido en un país a la vanguardia mundial en alta velocidad. En este tiempo, nuestro país ha multiplicado por más de 5 el número de kilómetros de alta velocidad en servicio, pasando de algo más de 550 kilómetros a más de 3.100 kilómetros, estando en distintas fases de desarrollo 1.900 kilómetros de nuevas vías ferroviarias, lo que permitirá a España disponer de un mapa de alta velocidad con mayor extensión que las redes de Francia y Alemania juntas. De hecho, desde la puesta en marcha, la Alta Velocidad ha contado con una inversión aproximada de 45.120 millones de euros, adquiriéndose como compromiso que 9 de cada 10 ciudadanos se hallen a menos de 30 kilómetros de una estación de alta velocidad. De esta forma, España se ha situado como el primer país de Europa y segundo del mundo, tras China, en número de kilómetros de altas prestaciones en explotación, por delante de países como Francia o Japón.

Es de destacar la importante red de relaciones con los administradores de infraestructuras ferroviarias de otros países que se ha establecido mediante la firma de protocolos de colaboración. En el ámbito de estos acuerdos, representantes de diversos países como EEUU o Brasil han venido a España a conocer nuestro modelo de alta velocidad. Asimismo, las empresas españolas participan en la construcción de infraestructuras y equipamientos ferroviarios en países como Turquía, Marruecos, México, Rusia, Polonia, Colombia, Perú, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, así como en la construcción de la línea de alta velocidad que unirá las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí.

Actualmente está en marcha un proceso de liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, que se ha iniciado con la liberalización del transporte ferroviario de finalidad turística.

Finalmente, cabe destacar la liberalización del sector del transporte de mercancías desde el año 2005, lo que está dando paso a empresas privadas que prestan servicios para el transporte de mercancías por ferrocarril. En este sentido, el gobierno prevé aprobar una serie de medidas con el fin de fomentar este tipo de transporte.

El transporte aéreo une las principales ciudades españolas mediante los 46 aeropuertos con los que cuenta España y que conectan nuestro país con las principales ciudades del mundo. España es una importante estación de paso (hub) para las líneas que unen América y África desde Europa. En este sentido, las más importantes inversiones planeadas están orientadas a los dos principales aeropuertos internacionales, situados en Madrid y Barcelona. Con la inauguración de la Terminal 4 en 2006, el aeropuerto de Madrid incrementó su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros al año. Durante el año 2016 los aeropuertos españoles han registrado más de 230 millones de pasajeros, convirtiendo España en uno de los líderes en movimientos de pasajeros a nivel mundial.

Por otra parte, España goza de excelentes comunicaciones marítimas con más de 46 puertos internacionales en las costas atlántica y mediterránea. La potenciación del trasporte marítimo de corta distancia, tanto en el ámbito nacional como europeo, y el desarrollo de las autopistas del mar constituyen otro de los ejes básicos. Asimismo, se encuentra en funcionamiento la Autopista del Mar entre España y Francia, que une Vigo con el puerto galo de Saint-Nazaire. Está proyectado impulsar este tipo de líneas en el Mediterráneo, a través de acuerdos con Italia y otros países, con objeto de aumentar la oferta de las ya existentes y que están funcionando con buenos resultados entre los puertos españoles de Barcelona, Valencia, Castellón y Tarragona y los puertos italianos de Génova, Civitavecchia, Livorno, Cagliari y Salerno.

Esto permitirá una alternativa modal y más sostenible en algunos de los principales flujos con la UE. Por otro lado, con el objeto de mejorar la competitividad de los puertos, se modificó en 2010 la Ley de Puertos, con el objetivo de reducir restricciones a la competencia inter e intra portuaria y, en definitiva, incentivar la competitividad de nuestros puertos en la economía global.

En sus planes de internacionalización, Puertos del Estado está promoviendo alianzas con los grandes operadores chinos. Así, la terminal BEST del Port de Barcelona (Barcelona Europe South Terminal) está operada por el grupo chino Hutchison Port Holdings (HPH), el primer operador de terminales portuarias del mundo. Tres grandes puertos españoles (Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona) aparecen en el TOP 100 del mundo en tráfico de contenedores, y confirman la estratégica posición que desempeña España en el contexto del transporte marítimo mundial.

España está bienequipada en términos de infraestructura tecnológica e industrial, habiendo proliferado en los últimos años los parques tecnológicos en las principales áreas industriales, así como en torno a las Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo. Actualmente existen 69 parques tecnológicos 11 en los que están establecidas más de 7.700 empresas, principalmente dedicadas al sector de las telecomunicaciones y la informática, dentro de las cuales una buena parte de los trabajadores están dedicados a la actividad de I+D.

Asimismo, España posee una buena red de telecomunicaciones. A la extensa red de cable de fibra óptica convencional que cubre prácticamente todo el territorio, hay que añadir una de las mayores redes de cable submarino y conexión vía satélite con los cinco continentes. En particular, cabe destacar el importante proceso de liberalización ya acometido hace años en la mayor parte de las industrias, incluyendo el sector de las telecomunicaciones, cumpliendo desahogadamente los plazos fijados al efecto por la Unión Europea. Entre otros beneficios, esta liberalización implica una oferta de estos productos más competitiva y con reflejo en los costes, esencial para el desarrollo económico.

Por último, cabe destacar que el Gobierno está impulsando una gestión integrada de los recursos hídricos basada en la recuperación y gestión ambiental, una mayor eficiencia en el uso del agua y una gestión planificada de riesgos como las sequías e inundaciones. En el marco de desarrollo de dichas actuaciones, mediante el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, el Gobierno ha aprobado la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

5. Estructura económica

La estructura de la economía española es la de un país desarrollado, siendo el sector servicios, seguido por la industria, el que más contribuye al Producto Interior Bruto. Estos dos sectores representan más del 92% del PIB. La contribución de la agricultura ha caído sensiblemente como resultado del crecimiento económico y actualmente representa un 2,33% del total del PIB (Cuadro 4).

Cuadro 4
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)  (% DEL TOTAL, PRECIOS CORRIENTES)

SECTOR201420152016*

Agricultura y Pesca

2,5

2,56

2,33

Industria

17,59

18,05

17,86

Construcción

5,67

5,59

5,55

Servicios

74,24

73,80

74,26

* Datos del 3ºT de 2016. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

A lo largo de 2016 la economía española continuó la senda de crecimiento iniciada en los dos últimos trimestres del año 2013. Durante los dos primeros trimestres de 2016 el PIB creció a una tasa intertrimestral del 0,8%. Dicho crecimiento se ha consolidado durante los dos últimos trimestres, registrando un incremento en el tercer y en el cuarto trimestre del 0,7% 12. Por tanto, la tasa anual del crecimiento del PIB se situaría en el 3,2%, hallándose la economía española entre las de mayor crecimiento a nivel europeo.

Por su parte, la inflación en España ha ido cayendo lentamente desde finales de la década de los ochenta. La media de inflación entre 1987 y 1992 fue del 5,8%; bajó del 5% por primera vez en 1993, y ha ido reduciéndose progresivamente. La tasa interanual de inflación a diciembre de 2016 fue del 1,6%, debido, principalmente, a la subida de los precios de los carburantes.

Cuadro 5
CRECIMIENTO EN LOS PAISES DE LA OCDE (PORCENTAJES) 

CRECIMIENTO PIB201420152016*
Países UE

Alemania

1,6

1,5

1,7

Francia

0,7

1,2

1,2

Italia

0,2

0,6

0,9

Reino Unido

3,1

2,2

2,1

España

1,4

3,2

3,3

Otros países

Estados Unidos

2,4

2,6

1,5

Japón

-0,1

0,6

0,6

Total Zona Euro

1,2

1,9

1,7

Total OCDE

1,9

2,2

1,7 **

* Datos hasta el tercer trimestre 2016. ** Datos hasta el segundo trimestre 2016. Fuente: Banco de España.

6. El mercado interior

El crecimiento de la economía española en los últimos tiempos ha sido fruto del gran crecimiento de la demanda así como de una fuerte expansión de la producción, todo ello en el actual contexto de globalización de la economía.

Hoy día componen el mercado doméstico español casi 46,6 millones de personas con una renta per cápita según datos del INE de 23.290 euros para 2015, existiendo además una importante demanda adicional procedente de los 75,6 millones de turistas que visitaron el país en 2016 13, lo que supone un 10,3% más que el año anterior. Esta cifra supone un record y ha situado a España entre los tres países del mundo con mayor recepción de turistas. Los lazos con Iberoamérica y el norte de África y las ventajas de utilizar España como puerta de entrada en aquellos países son dignos de mención.

El Cuadro 6 refleja la evolución de la producción y de los componentes de la demanda en el último año. El ritmo de crecimiento de la economía española se ha afianzado debido principalmente al aumento del consumo privado, a la formación bruta de capital así como al buen comportamiento de la demanda exterior neta. Este comportamiento de la demanda exterior tiene su causa en un aumento de las exportaciones en mayor proporción al crecimiento de las importaciones.

Cuadro 6
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS COMPONENTES DE  LA DEMANDA (PORCENTAJES)

Componentes de la producción 20152016 *

Agricultura y Pesca

-2,9

3,1

Industria

5,5

2,7

Construcción

0,2

2,0

Servicios

2,6

3,5


Componentes de la demanda20152016 *

Consumo privado

2,9

3,1

Consumo público

2,0

1,4

Formación fija de capital

6,0

3,8

Demanda doméstica

3,4

3,0

Exportaciones de bienes y servicios

4,9

4,4

Importaciones de bienes y servicios

5,6

3,6

* Datos hasta el tercer trimestre de 2016. Fuente: Banco de España

7. Comercio exterior e inversiones

El gran crecimiento del comercio internacional y las inversiones exteriores en los últimos años ha convertido a España en uno de los países más internacionalizados del mundo.

En cuanto al comercio de mercancías, España es el 18º exportador y 15º importador mundial, mientras que en el comercio de servicios, es el 11º exportador y 21º importador mundial 14.

Las cuotas de exportación e importación españolas de bienes sobre la cifra mundial ascienden al 1,7% y 1,8% respectivamente. Las cuotas de exportación e importación españolas de servicios sobre la cifra mundial se sitúan en 2,5% y 1,4%.

La distribución sectorial del comercio exterior está relativamente diversificada, como muestra el siguiente cuadro:

Cuadro 7
DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 2016 (COMO PORCENTAJE DEL TOTAL)

Exportaciones Importaciones 

Bienes de equipo

20,2

Bienes de equipo

21,7

Sector automóvil

18,0

Productos químicos

15,7

Alimentos

16,7

Sector Automóvil

13,8

Productos químicos

14,2

Manufacturas de consumo

12,9

Manufacturas de consumo

10,1

Alimentos

11,7

Semimanufacturas no químicas

10,0

Productos energéticos

10,6

Productos energéticos

5,1

Semimanufacturas no químicas

6,9

Materias primas

2,2

Materias primas

3,2

Bienes de consumo duradero

1,7

Bienes de consumo duradero

2,8

Otras mercancías

1,7

Otras mercancías

0,5

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Datos enero – noviembre de 2016.

Como cabría esperar, los países de la UE son los primeros socios comerciales de España. Así, durante 2016 15, las exportaciones españolas a la Unión Europea representaron un 66,5% del total y las ventas a países de la zona euro un 51,9% del total. Por lo que se refiere a las importaciones, éstas representaron un 57,1% en el caso de procedencia de la UE y un 45,8% en el caso de procedencia de la zona euro.

Concretamente, Francia y Alemania son los principales socios comerciales de España. Más allá de la UE, destacan Asia y África, los cuales han desbancado a América Latina y América del Norte en el puesto que tradicionalmente venían ocupando estas regiones como principales socios comerciales extra-comunitarios de España.

Asimismo, cabe destacar, la positiva adaptación de las empresas españolas al nuevo escenario económico mundial que se refleja principalmente en la progresiva diversificación de los mercados a los que se dirigen los productos y servicios españoles. En concreto, se viene produciendo una cierta reorientación de nuestras exportaciones, deslizándose el peso de las dirigidas a la UE a favor del resto del mundo. La participación de las exportaciones a la UE sobre el total ha pasado del 70,1% en 2007 al 66,5% en 2016.

En el ámbito de las inversiones, España se posiciona como uno de los principales receptores a nivel mundial.

Concretamente, España es el 13o mayor receptor de inversión extranjera a nivel mundial en términos de stock (y 4o en la UE) con 533.306 millones de USD. Por otro lado, España es el 14o mayor emisor mundial en IED en términos de stock con un volumen equivalente a 472.116 millones de USD en 2015 16.

Con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía española y la maximización de la contribución del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas dirigidas a facilitar a la empresa española el acceso a la financiación necesaria para su internacionalización. Entre todos los instrumentos financieros de apoyo oficial a la internacionalización empresarial aprobados por el Gobierno Español, cabe destacar el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) y el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), así como las líneas de financiación para inversiones en los sectores de la electrónica y tecnologías de la información y comunicación, de las concesiones de infraestructuras o, por último, la “Línea ICO-Internacional 2017” y la “Línea ICO-Exportadores 2017”.

A título de resumen del sector exterior español, se adjunta la balanza de pagos.

Cuadro 8
BALANZA DE PAGOS DE ESPANA (MILLONES DE EUROS)

 20152016 *
I. Cuenta corriente 14.725 14.046

Bienes y Servicios

26.228

27.023

Rentas primaria y secundaria

-11.503

-12.976

II. Cuenta de capital 7.008 2.372
III. Cuenta financiera 25.185 7.532

Total (excluyendo Banco España)

65.345

56.613

Inversiones Directas

29.375

10.804

Inversiones de Cartera

-5.872

29.660

Otras inversiones

43.080

18.403

Derivados financieros

-1.238

-2.253

Banco de España

-40.160

-49.081

Reservas

5.067

8.006

Activos frente al Eurosistema

-50.929

-54.005

Otros activos netos

5.702

-3.082

Nota: Un signo positivo en los saldos de las balanzas por cuenta corriente y de capital indica superávit (ingresos mayores que pagos) y, por tanto un préstamo al • resto del mundo (aumento de la posición acreedora o disminución de la posición deudora), mientras que un signo positivo para el saldo de la cuenta financiera significa una entrada neta de financiación, es decir, un préstamo neto del resto del mundo (aumento de la posición deudora o disminución de la posición acreedora).
Un signo negativo en las reservas oficiales significa un aumento.
*Datos enero-septiembre 2016. Fuente: Banco de España.

8. Normativa sobre inversiones exteriores y control de cambios

La liberalización es la nota dominante en materias de control de cambios y de inversiones extranjeras.

Como regla general, un inversor extranjero puede invertir libremente en España sin necesidad de recabar ningún tipo de autorización o comunicación previa. Solo una vez que la inversión se ha realizado, el inversor deberá notificarla, en el plazo máximo de un mes, a la Dirección General de Comercio e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio con fines puramente administrativos, estadísticos o económicos.

El control de cambios y los movimientos de capital están totalmente liberalizados en España, existiendo en este campo completa libertad de acción en todas las áreas.

8.1. Legislación sobre inversiones extranjeras

El Real Decreto 664/1999 liberalizó prácticamente en su totalidad este tipo de operaciones (con las peculiaridades y excepciones que se comentan a continuación), adaptando la normativa interna española a las normas sobre libertad de movimientos de capitales contenidas en los artículos 56 y siguientes del Tratado de la Unión Europea.

Los aspectos más destacables de la regulación aplicable a las inversiones extranjeras son los siguientes:

  • Por regla general, y con fines puramente administrativos, estadísticos o económicos, las inversiones extranjeras quedan sometidas a un régimen de declaración a posteriori ante la Dirección General de Comercio e Inversiones, una vez materializada la inversión 17. Las únicas excepciones son las relativas a (i) las inversiones desde paraísos fiscales, que, en general, están sujetas además a declaración administrativa previa; y (ii) las inversiones extranjeras en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional y las inversiones en inmuebles por parte de Estados no miembros de la Unión Europea para sus sedes diplomáticas, que están sujetas a autorización previa del Consejo de Ministros. Salvo norma expresa en sentido contrario, las inversiones extranjeras no deben formalizarse ante fedatario público español.
  • En cuanto al régimen de declaración en relación a operaciones de inversión o desinversión en valores negociables, la obligación de declaración no recae, con carácter general, sobre el inversor sino sobre aquellas empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades residentes que, en su caso, realicen alguna de las actividades propias de aquéllas y que actúen por cuenta y riesgo del inversor como titular interpuesto de dichos valores. Los inversores deberán declarar la inversión únicamente cuando se mantenga la cuenta de valores o el depósito de títulos en una entidad domiciliada en el extranjero, o éstos se encuentren bajo custodia del titular de la inversión; o cuando adquieran una participación a partir del 3% en sociedades cotizadas (siendo en este último caso necesario notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores).
  • Las inversiones extranjeras en los sectores del transporte aéreo, radio, materias primas, minerales de interés estratégico y derechos mineros, televisión, juego, telecomunicaciones, seguridad privada, fabricación, comercialización o distribución de armas y explosivos, y actividades relacionadas con la defensa nacional (esta última sometida además a un régimen de autorización) se ajustarán a los requisitos exigidos por los órganos competentes establecidos en la legislación sectorial específica, sin perjuicio de que les sean aplicables las normas generales una vez cumplidos dichos requisitos.

Cuadro 9
INVERSIONES EXTRANJERAS

  
Inversores 18

Personas físicas no residentes (es decir, españoles o extranjeros domiciliados en el extranjero, o que tengan allí su residencia principal).

Personas jurídicas domiciliadas en el extranjero.

Entidades públicas de soberanía extranjera.

Inversiones reguladas 19.   Obligaciones de declaración

La participación en sociedades españolas, incluidas su constitución y la suscripción y adquisición de acciones o asunción de participaciones sociales, así como cualquier negocio jurídico en virtud del cual se adquieran derechos políticos

La constitución y ampliación de la dotación de sucursales.

La suscripción y adquisición de valores negociables representativos de empréstitos emitidos por residentes

(obligaciones, bonos, pagarés). La participación en fondos de inversión inscritos en los Registros de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores 20
La adquisición por no residentes de bienes inmuebles sitos en España cuyo importe supere los 3.005.060 euros, o cuando la inversión proceda de paraísos fiscales, con independencia de su importe.


La constitución, formalización o participación en contratos de cuentas en participación, fundaciones, agrupaciones de interés económico, cooperativas y comunidades de bienes, con las mismas características del punto anterior.

Sujetos obligados

El inversor.

El fedatario público español que, en su caso, hubiese intervenido en la operación.

Excepcionalmente, cuando la inversión se materialice en ciertos bienes (valores, fondos de inversión, acciones nominativas), la obligación de declaración puede recaer en otros sujetos que intervengan en la operación (entidades de crédito, financieras, depositarias o gestoras de dichos bienes, la sociedad española objeto de inversión).

Régimen de declaración

Como regla general, todas las inversiones exteriores sujetas a declaración y su liquidación deben declararse a posteriori al Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad.

Las inversiones procedentes de paraísos fiscales deben declararse antes y después de la inversión. No obstante, se exceptuará de la declaración previa en los siguientes casos:

  • Las inversiones en valores negociables emitidos u ofertados públicamente, ya sean negociados en un mercado secundario oficial o no, así como las participaciones en fondos de inversión inscritos en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

  • Los casos en que la participación extranjera no supere el 50% del capital de la sociedad española destinataria de la inversión.

  • Las adquisiciones de inversiones extranjeras en España como consecuencia de transmisiones lucrativas inter vivos o mortis causa.

Esta declaración previa no equivale a una verificación o autorización previa, y el inversor, una vez hecha la declaración, puede efectuar su inversión sin esperar notificación alguna de la Administración. En todo caso, la declaración tiene una validez de seis meses por lo que una vez notificada, la inversión deberá realizarse dentro de dicho plazo.

8.1.2. Seguimiento de las inversiones exteriores

La Dirección General de Comercio e Inversiones (DGCI) 21 podraá requerir de modo general o particular a las sociedades españolas que tengan participación extranjera y a las sucursales en España de personas no residentes, para que presenten ante dicha Direccioón General una memoria anual relativa al desarrollo de la inversión exterior. Dicha Direccioón General podrá igualmente requerir a los titulares de inversiones para que aporten la información que en cada caso resulte necesaria.

8.1.3. Suspensión del régimen de liberalización

El Consejo de Ministros puede suspender la aplicación del régimen de liberalización en determinados casos, lo que requerirá que las inversiones afectadas se sometan al trámite de autorización administrativa previa del Consejo de Ministros.

En la actualidad, solo se ha suspendido el régimen de liberalización respecto de las inversiones extranjeras en España en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que se destinen a la producción o comercio de armas, municiones, explosivos y material de guerra (salvo en el caso de sociedades cotizadas en Bolsa que se dediquen a dichas actividades, en que solamente requerirán autorización las adquisiciones por no residentes que alcancen, superen o se reduzcan por debajo de determinados umbrales de participación, empezando a partir del 3% del capital social, o las que, sin alcanzar dicho porcentaje, permitan al inversor formar parte directa o indirectamente de su órgano de administración).

8.2. Normativa sobre control de cambios

El control de cambios y los movimientos de capital son materias también absolutamente liberalizadas donde rige el principio de libertad de acción.

La regulación básica sobre control de cambios está contenida en la Ley 19/2003, sobre Movimientos de Capitales y Transacciones Exteriores y sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y en el Real Decreto 1816/1991 sobre Transacciones Económicas con el Exterior, que mantienen el principio de liberalización de los movimientos de capital.

8.2.1. Las características principales de las disposiciones sobre control de cambios actualmente vigentes pueden resumirse del modo siguiente:

(i) Libertad de acción

Por regla general, todos los actos, negocios transacciones y operaciones entre residentes y no residentes que impliquen o puedan implicar pagos al exterior o cobros del exterior, están completamente liberalizados, incluyendo los pagos o cobros (directos o por compensación), las transferencias de o al exterior y las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al exterior. También se incluye la importación y exportación de medios de pago.

(ii) Cláusulas de salvaguardia y medidas excepcionales

Las normas comunitarias podrán prohibir o limitar la realización de ciertas transacciones, así como los correspondientes cobros, pagos, transferencias bancarias o variaciones en cuentas o posiciones financieras, respecto de terceros países.

El Gobierno español también podrá imponer prohibiciones o limitaciones, respecto a un Estado o un grupo de ellos, un territorio o un centro extraterritorial, o suspender el régimen de liberalización para ciertos actos, negocios, transacciones u operaciones. No obstante, debe señalarse que la aplicación de las citadas prohibiciones y limitaciones está prevista únicamente para supuestos de especial gravedad.

(iii) Tipos de cuentas bancarias

Las personas físicas y jurídicas no residentes pueden mantener cuentas bancarias en las mismas condiciones que las residentes. El único requisito que se les exige al abrir una cuenta bancaria es la acreditación de la condición de no residente del titular de la misma. Además, esa condición debe ser confirmada al banco cada dos años. La legislación también estipula otras formalidades de carácter menor.

Por otra parte, los residentes pueden, sujetos a ciertos requisitos de declaración, abrir y mantener libremente cuentas bancarias en el extranjero denominadas en euros o en moneda extranjera (cuya apertura debe ser declarada al Banco de España) y cuentas bancarias denominadas en divisas y abiertas en España en entidades registradas (sin que exista ningún requisito de información sobre las mismas).

(iv) Residencia a efectos de control de cambios

Se considera que las personas físicas son residentes en España, a efectos de control de cambios, si residen habitualmente en España. Las personas jurídicas con domicilio social en España y los establecimientos y sucursales en territorio español de personas físicas o jurídicas residentes en el extranjero se consideran también residentes en España a efectos de control de cambios.

Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero, las personas jurídicas con domicilio social en el extranjero y los establecimientos permanentes y sucursales en el extranjero de personas físicas o jurídicas residentes en España, son consideradas no residentes a efectos de control de cambios.

Por residencia habitual se entiende lo establecido en la normativa fiscal aunque con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan (actualmente dicha regulación se encuentra pendiente de desarrollo reglamentario).

8.3. Declaración de transacciones con el exterior ante el Banco de España

Con fines puramente estadísticos e informativos, la Circular 4/2012 del Banco de España establece que las personas físicas y jurídicas (públicas o privadas) residentes en España, distintas de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, que realicen transacciones con no residentes o mantengan activos o pasivos frente al exterior deberán declararlos al Banco de España 22.

La periodicidad de las comunicaciones dependerá del volumen de las transacciones realizadas por los sujetos obligados durante el año inmediatamente anterior, así como de los saldos de activos y pasivos de dichos sujetos obligados el 31 de diciembre del año anterior, así:

  • Si los importes de las transacciones durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior, resultan iguales o superiores a 300 millones de euros, la información deberá remitirse con periodicidad mensual, dentro de los 20 días siguientes al fin de cada mes natural.

  • Si los importes de las transacciones durante el año inmediatamente anterior, o los saldos de activos y pasivos el 31 de diciembre del año anterior, resultan inferiores a 100 millones de euros, la información deberá remitirse con periodicidad anual, no más tarde del 20 de enero del año siguiente.

  • Cuando los importes antes referidos no superen el millón de euros la declaración solo se enviará al Banco de España a requerimiento expreso de éste y en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de solicitud.

    No obstante, aquellos residentes que, no habiendo alcanzado los umbrales de declaración antes expuestos, los superaran a lo largo del año corriente quedarán obligados a presentar las declaraciones con la periodicidad que corresponda, a partir del momento en el que dichos límites se excedan.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando ni el importe de los saldos ni el de las transacciones superen los 50 millones de euros, las declaraciones, podrán efectuarse de forma resumida, conteniendo exclusivamente los saldos inicial y final de activos y de pasivos exteriores, la suma total de las operaciones de cobro y la suma total de las operaciones de pago del período declarado.

8.4. Importación y exportación de ciertos medios de pago y movimientos por territorio nacional

La salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera está sujeta a declaración administrativa previa.

En caso de que no sea realizada dicha declaración, los funcionarios de la aduana española podrán requisar esos medios de pago.

Asimismo, los movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera deben ser objeto también de declaración previa.

A los efectos anteriores se entenderá por «movimiento» cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del tenedor de los medios de pago.

Se entenderá por «medios de pago» el papel moneda y la moneda metálica (nacionales o extranjeros); los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda así como cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. A los solos efectos de la salida o entrada en territorio nacional, se entenderán también por «medios de pago» los efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques de viajes, instrumentos negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los instrumentos incompletos, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.

9. Obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La realización de determinadas operaciones en España conllevará que se exija a quienes pretenden tomar parte en ellas, de forma previa a su ejecución, la aportación de ciertos documentos relativos a su identidad y su actividad empresarial o profesional, todo ello en el marco de la normativa aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“PBC/FT”).

Las principales obligaciones aplicables en España en materia de PBC/FT se establecen en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“Ley 10/2010”) y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 (“Real Decreto 304/2014”).

La legislación española aplicable en materia de PBC/FT es resultado de la transposición de la normativa comunitaria dictada sobre la materia, en particular, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 y de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la primera. La legislación española vigente en materia de PBC/FT incorpora asimismo las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La normativa dictada en materia de PBC/FT es aplicable a las transacciones que realicen los sujetos obligados por la misma, tales como entidades financieras, notarios, abogados o promotores inmobiliarios, con sus clientes y potenciales clientes, con independencia de que dichos clientes sean personas residentes en España o no residentes. De este modo, cuando se pretendan llevar a cabo en España actuaciones tales como la apertura de una cuenta corriente, el otorgamiento de una escritura o la adquisición de un inmueble, los sujetos obligados, en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de PBC/FT, deberán llevar a cabo determinadas actuaciones para el conocimiento de sus clientes y del origen de sus fondos.

En particular, los sujetos obligados deben contar con procedimientos de identificación y aceptación de clientes, y de clasificación de los mismos en función del riesgo. En este sentido, aunque cada sujeto obligado cuenta con procedimientos específicos en materia de PBC/FT, adecuados a las características de su actividad, con carácter general, la información exigible por parte de los sujetos obligados en virtud de la normativa aplicable en dicha materia puede resumirse como sigue:

  • Documentos fehacientes a efectos de identificación formal 23. Los documentos de identificación admitidos son los siguientes:

    • Personas físicas.
      • De nacionalidad española: Documento nacional de identidad.
      • De nacionalidad extranjera: la Tarjeta de Residencia, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, el Pasaporte o, en el caso de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen.

      Excepcionalmente, se podrá aceptar otros documentos de identidad personal expedidos por una autoridad gubernamental siempre que gocen de las adecuadas garantías de autenticidad e incorporen fotografía del titular.

    • Para personas jurídicas: los documentos públicos que acrediten su existencia y contengan su denominación social, forma jurídica, domicilio, la identidad de sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal.
    • Apoderados: se solicitará copia del documento fehaciente correspondiente tanto al representante como a la persona o entidad representada, así como el documento público acreditativo de los poderes conferidos.

    Los documentos de identificación deberán encontrarse en vigor en el momento de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones ocasionales.

  • Identificación del titular real 24. La identificación y comprobación de la identidad del titular real podrá realizarse, con carácter general, mediante una declaración responsable del cliente o de la persona que tenga atribuida la representación de la persona jurídica.

  • Información sobre el propósito e índole de la relación de negocios. Dicha información se recabará con el fin de conocer la naturaleza de la actividad profesional o empresarial del cliente. En este sentido, para acreditar la actividad bastará con aportar, entre otros, alguno de estos documentos válidos:

    • Clientes personas físicas asalariados o pensionistas: última nómina, pensión o subsidio, certificado de vida laboral, o contrato laboral vigente.

    • Profesionales liberales o autónomos: acreditación del pago de los seguros sociales, carné del colegio o asociación profesional, o recibo colegio profesional.

    • Clientes personas jurídicas: último impuesto de sociedades, cuentas anuales, memoria anual de actividad, o informe de auditoría externa anual.

  • Información, y en su caso, acreditación, del origen de los fondos que se pretenden aportar.

Los sujetos obligados de la normativa de PBC/FT llevarán a cabo comprobaciones reforzadas de la información que les sea proporcionada en aquellas situaciones en las que, dada la naturaleza y características de la operativa y de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa, consideren que concurre a priori un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

1. Según el Informe “A. T. K Kearney FDI Confidence Index” 2016.
2. Instituto Nacional de Estadística. Datos del 3oT de 2016.
3. http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con- certificado/201606/Residentes_Tablas_PR_30-06-2016.pdf
4. http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx
5. http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default
6. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
7. http://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
8. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es
9. http://europa.eu/european-union/law/treaties_es http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_es.htm
10. Informe Global de la competitividad 2016-2017 del Foro Económico Mundial.
11. Miembros de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. http://www.apte.org/es/
12. Instituto Nacional de Estadística, datos del cuarto trimestre del ejercicio 2016.
13. Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). Datos diciembre 2016. Instituto Nacional de Estadística.
14. Informe “World Trade Statiscal Review 2016” elaborado por la OMC.
15. Según las series anuales publicadas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Datos enero – noviembre de 2016.
16. Según el informe “World Investment Report 2016” elaborado por la UNCTAD.
17. El contenido e instrucciones de cumplimentación de cada modelo de declaración pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.comercio. es/es-ES/inversiones-exteriores/declaracion-inversiones-exteriores/Paginas/declaracion-inversiones-exteriores.aspx Los formularios se obtienen, se cumplimentan y se presentan por vía telemática utilizando para ello el programa de ayuda denominado AFORIX, disponible para descarga en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Comercio (en la dirección https://sede.comercio.gob.es, accediendo en la opción de “Procedimientos y servicios electrónicos->Descarga de programas de ayuda->AFORIX Programa para la cumplimentación de Formularios de Inversiones Exteriores). Para la presentación telemática es necesario que el declarante disponga de firma electrónica. Excepcionalmente en el caso de que el titular de la inversión sea una persona física, ésta podrá utilizar además de los modelos obtenidos a través de AFORIX, los preimpresos disponibles en el Registro General del Ministerio de Economía y Competitividad, pudiendo optar por la presentación telemática o por la presentación en papel.
18. No se considera como sujeto inversor a una sociedad española que esté participada mayoritariamente por capital extranjero. El cambio de domicilio social de personas jurídicas o el traslado de residencia de personas físicas determinarán el cambio en la calificación de una inversión como española en el exterior o extranjera en España.
19.Las inversiones extranjeras no incluidas en la relación (como por ejemplo los préstamos participativos) están totalmente liberalizadas, sin que sea necesaria ninguna comunicación al respecto. Ello sin perjuicio de la normativa sectorial que pudiera serles de aplicación y de lo dispuesto en las normas relativas a control de cambios que de dichas inversiones se deriven.
20. http://www.cnmv.es/portal/Menu/Registros-Oficiales.aspx
21. http://www.comercio.gob.es/
22. Sin perjuicio de que los sujetos obligados a las obligaciones de información ante Banco de España aquí detalladas son las personas físicas y jurídicas residentes en España, hemos considerado de interés incluir este apartado, dado que lo que originan dichas obligaciones de información son precisamente transacciones con no residentes y/o activos y pasivos que se mantengan en el exterior o que la entidad no residente mantenga en España (es decir, serán objeto de declaración tanto los inmuebles que una sociedad española mantenga en el extranjero como los inmuebles que una entidad no residente mantenga en España).
23. Los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros. En las operaciones de envío de dinero y gestión de transferencias deberá procederse a la identificación y comprobación de la identidad en todo caso.
24. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas en función del riesgo a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio, la ejecución de transferencias electrónicas por importe superior a 1.000 euros o a la ejecución de otras operaciones ocasionales por importe superior a 15.000 euros.